Que se va el lobo

Por si el lamentable espectáculo combinado de alanceamiento y lapidación del toro de la Vega no hubiera resultado lo suficientemente medieval, la ministra de agricultura ha decidido poner su granito de arena en el viaje al pasado que invade las páginas de actualidad anunciando su intención de modificar la directiva Hábitat para, contra todo criterio científico e incluso económico, permitir la caza del lobo al sur del Duero. La idea en sí, aunque a mí me suene completamente extemporánea en cualquier conversación que no contenga también expresiones como “milana bonita”, supongo que es culturalmente tan opinable como cualquier otra, pero para un responsable público la otra parte de la noticia, la que dice que es contraria a toda opinión de todo aquel que haya estudiado seria y científicamente el problema, es la que debería prevalecer. Me es indiferente lo que la ministra opine personalmente al respecto, su obligación es hacer lo mejor para sus representados y su trabajo es privilegiar el interés general frente a cualquier otra consideración, lo que desde luego incluye supersticiones pedestres y arbitrarias.

Leí este verano en el Diario de Pontevedra un interesante artículo en el que se explicaba que antiguamente eran tradición en fiestas los rodeos de delfines, espectáculo sangriento que no sólo ya no se celebra, sino que casi nadie recuerda y, en el caso de ser preguntado al respecto, a la generalidad de los ciudadanos del lugar les repugna. Fue tradición hasta que dejó de serlo para convertirse en atavismo, mal recuerdo o simplemente perderse en el olvido. Así de inconsistente es el argumento de la tradición que pueden esgrimir a su favor (y de hecho lo esgrimen) los defensores del toro de la Vega y no por intelectualmente inconsistente es menos respetable que quien lo considere válido lo utilice. Sin embargo esto de cazar lobos no tiene a su favor ni tan siquiera ese débil argumento. Ni es útil para conseguir el fin que se persigue (la protección de la cabaña ganadera), como demuestra la ciencia, ni lo es desde ningún otro punto de vista, especialmente el económico por no hablar del medioambiental. Si una propuesta tiene en contra los factores científico, económico, medioambiental e incluso ético que pudieran tenerse en cuenta, mientras que a favor únicamente cuenta con una superstición cerril, ¿no es una propuesta que no debería ser tomada en consideración? Pues se ve que no.

La marca del ombligo

Cuando Borís Pasternak dijo aquello del “poder desarmado de la verdad desnuda”, aunque conocía bastante de cerca eso que podíamos denominar la maldad, probablemente no tenía en mente que el desarrollo de la tecnología nos llevaría a un punto en el que unos miserables desde cualquier punto del mapa pueden decapitar a un ser humano inocente y en cuestión de segundos hacer llegar la imagen de su bárbara degeneración humana a una gran mayoría de los hogares del planeta. El vídeo en si, o los vídeos habría que decir, sin necesidad de más comentario, explicación y ni tan siquiera sin necesidad de visionado, se puede decir que son la verdad desnuda de lo que ha sucedido, pero son lo suficientemente elocuentes como para eliminar el término “desarmado” de la poética definición de Pasternak. Porque son un arma, desde luego no refinada ni elegante pero sí eficiente y dañina. Y siendo incalificables las imágenes, tal vez lo peor de esos vídeos sea el anuncio del nombre de la siguiente víctima, el desalmado luto cautelar al que obligan a familiares y allegados, la hasta hace poco inconcebible situación de no sólo tener que imaginar lo inimaginable, sino de vivir una y otra vez la desgracia antes incluso de que ocurra.

En los términos en que la pensó el poeta, esa del “poder desarmado de la verdad desnuda” es sin duda una gran frase, una gran idea. Pero en los que la crueldad del Estado Islámico me la ha devuelto del recuerdo es dolorosa. Una desgracia que ni los poetas serían capaces de explicar es una desgracia que no debería existir, que nadie debería jamás haber imaginado.

Y nosotros sin embargo a preocuparnos de lo que voten unos señores escoceses pasado mañana o de si se vota o no de aquí a dos meses en Cataluña. Yo no sé qué vemos en nuestro ombligo que tanto nos gusta mirarlo, pero a mí me parece que como todos los ombligos sólo tiene dos posibilidades: o está limpio o está lleno de porquería. Creo que está claro cómo está el nuestro, el de la marca España.

Derechos fundamentales

Dice el señor Junqueras que votar es un derecho fundamental, y lo es, claro, pero falta la segunda parte de la frase: votar cuando se está convocado para ello es un derecho fundamental de los ciudadanos. Pero nadie puede votar sobre lo que quiera, cuando quiera y de la forma que quiera. O a lo mejor sí puede, pero sin el menor efecto legal ni moral. El señor Junqueras, por ejemplo, no puede votar para elegir al presidente de Galicia o al candidato en las primarias cerradas del PSOE, sencillamente porque no tiene derecho a ello. Si se convocase legalmente la consulta que él desea celebrar, algo que no sé si es deseable pero que desde luego no es el fin del mundo, sí que tendría derecho a votar, pero a lo mejor es interesante preguntarse quién tendría igualmente ese derecho. Porque cabe suponer que el censo que se utilizaría es mismo que el de las autonómicas, es decir, el de los ciudadanos españoles empadronados en Cataluña. No se trata pues del derecho a decidir de los catalanes, yo soy catalán y no estaría convocado. Tampoco de los ciudadanos que residen en Cataluña porque no todos tienen derecho a voto por las más diversas razones. Ni tampoco todos los que tendrían derecho a voto serían catalanes, no faltaba más. Por no hablar de que es probable que la única manera de que ese referéndum se convoque dentro de la legalidad es que en él voten todos los ciudadanos del estado español. De modo que el derecho a votar es fundamental, sí, pero con matices. Ocurre lo mismo con las prospecciones petrolíferas en Canarias: sería deseable que se consultase a la ciudadanía y me gustaría votar al respecto, pero derecho sólo lo tengo si me convocan y honestamente creo que llegado el caso tendría el mismo derecho a hacerlo que cualquier canario o, ya puestos, que el señor Junqueras. Porque es un hecho de especial relevancia que nos afecta a todos y sobre el que todos deberíamos poder opinar.

El que no es un derecho fundamental, y ojala lo fuese, es el que debiéramos tener los ciudadanos a no vernos obligados a soportar la demagogia. Una hipotética independencia de un territorio no me irrita, y desde luego, se consiga o no, me parece un objetivo tan legítimo como cualquier otro si los métodos que se usan para perseguirlos se inscriben dentro de la legalidad. La demagogia sí que me irrita, sea la del señor Junqueras y su derecho fundamental al voto, sea la de la señora Esperanza Aguirre cuando dice que a los candidatos los designan los comités correspondientes y que eso es perfectamente democrático pero después admite que esas decisiones las toma Rajoy como en su día las tomaba Aznar. O la de que nos traten de convencer de las bondades de Ana Botella como gestora porque ha reducido la deuda de 7.000 a 4.000 millones de euros. Ahorrar eliminando servicios esenciales y bajando la calidad de los que se mantienen no es gestionar bien, para eso no es necesario ningún talento sino a lo sumo una calculadora. Y aunque fuera cierto, que no lo es, gobernar no es sólo gestionar.

¿No nos representan?

Era de esperar que un movimiento social con las repercusiones que tuvo el 15M influyese de diversas formas en la vida política, sin embargo que haya sido precisamente el PP quien haya hecho suyo el lema “no nos representan” es ciertamente una sorpresa. Y lo ha asumido en su argumentación de su propuesta de reforma de la ley electoral según la cual los representantes electos de los ciudadanos no tienen legitimidad para tomar en su nombre la decisión de elegir alcalde. Lo que no explican es porqué si no la tienen para eso sí que la tienen para aprobar presupuestos o para todo lo demás. Cierto es que se trata de una decisión sensible y que es deseable que para tomarla se prescinda del concurso de los representantes, pero para darle la voz a los representados y que tomen la decisión directamente en una segunda vuelta. Ambas opciones son legítimas, sustituir la participación de los ciudadanos por una decisión aritmética arbitraria no lo es.

Puede sonar contradictorio que la una decisión sea a la vez aritmética y arbitraria, pero no lo es. En un escenario postelectoral de, pongamos, 100.000 votantes, nos tratan de convencer de que el candidato que gane por mayoría simple en una primera vuelta es el único alcaldable con legitimidad para ocupar el puesto, sin embargo eso se traduce en que un señor que cuenta con el apoyo de 40.000 ciudadanos debe tener un plus de legitimidad frente a otro que tenga, en una eventual segunda vuelta, el apoyo de 60.000. Y eso únicamente porque esos 60.000 en primera vuelta votasen 39.999 a una opción y 20.001 a otra. Es una reducción al absurdo, claro, pero es muy ilustrativa de la filosofía que hay tras la reforma.

¿Y si la reforma es tan buena y tan democrática, por qué limitarla a las municipales? ¿Por qué no prohibir las coaliciones postelectorales en autonómicas y generales? Pues a no ser que se trate de la visibilidad del plumero, no se me ocurre ninguna razón de peso por la que la representatividad democrática de los ciudadanos deba ser diferente en un caso y otro.  

Por otro lado si debiera haber algo sagrado en democracia es el mantenimiento de la proporcionalidad en la representación que se obtiene de las urnas, y sé que no es así porque nuestra ley electoral actual no es especialmente respetuosa con la proporcionalidad y sí con el  favorecimiento de las mayorías. Pero eso no es motivo para cambiar a peor. La ley electoral necesita de una reforma de manera urgente, pero para mejorarla: listas abiertas, eliminación de barreras de mínimos, doble vuelta, primarias obligatorias, en fin, reformas verdaderamente democráticas. Otorgar una mayoría absoluta artificial al ganador de una primera vuelta, que es una de las opciones que parece ser que se barajan (para hacer gobernable el consistorio, dicen), no sólo no es democrático sino que en un insulto grosero y procaz a nuestra inteligencia. Para hacer gobernable una asamblea de representantes, sean de la clase que sean, sólo hay una herramienta y es el diálogo, el pacto. Desde luego no la concesión artificial a una fuerza política de una mayoría absoluta que los ciudadanos no le han otorgado.

Ya que parece que no se puede pedir al gobierno que trabaje para los ciudadanos que les pagamos, al menos cabría pedir que se expresasen con propiedad y que si desean hacer una propuesta de reforma cuya finalidad y cuya inspiración es la degeneración democrática, que no la denominen regeneración democrática. Que es sólo una letra, pero ese sutil trueque ortográfico representa la diferencia entre respetar a la ciudadanía o tomarla por tonta.