Ni más ni menos que el mínimo exigible

Que una cosa acabe bien, con el final deseado, quiero decir, no significa que se haya hecho bien. La crisis de Aminetou Haidar se ha resuelto sin que el gobierno español haya reconocido sus incomprensibles errores ni haya condenado la intolerable actitud de Marruecos, sin que Moratinos se haya disculpado por el inaceptable tono con que hablo de la situación en los primeros días y sin asunción de responsabilidades por el flagrante desprecio a la legalidad que han perpetrado diversas instancias gubernamentales. Aminetou está es casa, sí, y eso era de lo que se trataba, pero ¿era eso de lo que se trataba? ¿Se puede ganar una batalla por la dignidad de otra manera que comportándose dignamente? No dudo que el Gobierno de España ha trabajado denodadamente por conseguir un objetivo que no era otro que el respeto por la ley del mismo modo que nadie puede cuestionar el hecho palmario que es la manifiesta culpabilidad de Marruecos en este asunto, pero algo debe haber hecho mal nuestro gobierno, que es el que nos concierne, cuando muchos ciudadanos, logrando el objetivo que nos proponíamos gracias a sus gestiones, entre las de muchos otros, nos sentimos tan terriblemente decepcionados con ellos. Probablemente la alegría por Aminatou tape la legítima vergüenza que inspira un gobierno que sólo de incógnito es capaz de ponerse del lado de la justicia y que supedita tanto ésta como la propia legalidad a intereses económicos, estratégicos o geopolíticos, o probablemente no. No todo lo que sale bien está bien hecho y haría bien el gobierno en aprender algo de todo esto, en darse cuenta al menos de la fuerza que puede llegar a tener una causa justa simplemente por serlo y por defenderla con coherencia, honestidad y dignidad. Y podría probar a hacer lo propio alguna vez, sólo por saber lo que se siente.

Los hitos ridículos

Los logros de ayer del Partido Popular en la Conferencia de Presidentes a través de los Presidentes de Comunidades Autónomas que asistían, conviene recordarlo, en representación de todos los ciudadanos de sus respectivos territorios, no de su partido político, amenazan con tener que ser estudiados en las escuelas como dos verdaderos hitos de la política de nuestro país. El primero es lograr que en un acto institucional de gran calado como el que supuso la conferencia, los integrantes de la oposición logren incluir  hasta un 80% de propuestas propias en el documento de consenso (de medidas contra la crisis económica), algo que tiene mérito porque indica en cierto modo la calidad de las propuestas pero que especialmente muestra bien a las claras el espíritu (o la necesidad) de consenso del Gobierno en este caso, y el otro fue hacer el más espantoso de los ridículos al negarse a apoyar ese documento de consenso que, técnicamente, habían propuesto ellos mismos, o al menos así fue en su mayoría. Es evidente que los presidentes de comunidades gobernadas por el PP fueron a la reunión con la consigna de no apoyar nada que pudiera suponer un globo de oxígeno para el gobierno, pero no contaban con que éste, en previsión, aceptara tantas propuestas suyas, lo cual, mostrando una prodigiosa falta de cintura, no hizo que éstos variaran su posición preestablecida quedando así una vez más en evidencia. 

Deben haberse dado cuenta en ese partido de su preocupante cortedad de miras porque han comenzado a preocuparse seriamente por la salud visual de las nuevas generaciones, empezando por rechazar en la Comunidad Valenciana  (uno de sus bastiones) los ordenadores que el Gobierno ofrece a los escolares porque, como son de pantalla demasiado pequeña, pueden producirles problemas de miopía a los alumnos. No conviene criticar demasiado la decisión, porque la buena vista de las generaciones venideras de valencianos será importante para que vean bien lo que votan y supone, por tanto, un pequeño destello de esperanza.

Y hablando de visión y de Esperanza, conviene fijarse en otra viga en ojo propio, propio de la Presidenta de la Comunidad de Madrid concretamente. En estos días, quien más quien menos nos escandalizamos ante la condenable (sin paliativos) agresión sufrida por el Primer Ministro italiano y, consecuentemente, con la innoble reacción de sus acólitos responsabilizando de la acción de un perturbado que lleva diez años en tratamiento psiquiátrico a los periodistas progresistas: "los perturbados también leen periódicos", han llegado a decir. Esta actitud es obviamente indecente e inaceptable en democracia, no es de recibo tratar de sacar partido incluso de algo que sólo debiera suscitar una rotunda unidad, y mal que bien todos vemos lo que de vergonzoso tiene. En Italia, eso sí, porque, ¿podría alguien explicarme que tiene de diferente esa reacción con la que públicamente mostró Esperanza Aguirre relacionando la agresión sufrida por el periodista Hermann Tersch con su posición crítica con el Gobierno?

El beneficio de la duda

En Madrid caen cuatro copos de nieve, desde mi ventana al menos es necesario fijarse mucho para ver alguno y sin embargo los medios de comunicación hablan de la activación del nivel cero de inclemencias meteorológicas, se ven quitanieves por los arcenes y rótulos luminosos que advierten de la presencia de máquinas esparciendo sal por la calzada. No critico la previsión, realmente esto es mejor que lo que ocurrió el año pasado, que es donde probablemente esté el origen de este comportamiento tal vez algo excesivo de las autoridades, pero el despliegue me suscita una reflexión: hasta hace poco estos alardes operativos eran para los españoles algo que veíamos con cierto escepticismo únicamente en las películas de acción de Hollywood, calles enteras cortadas por un incidente, persecuciones con helicópteros, en fin, esas cosas. Ahora, sin embargo, parece que hemos adoptado en muchos campos, la alerta meteorológica incluida, protocolos que hasta hace nada hubiésemos creído escritos por guionistas considerablemente más fantasiosos que verosímiles, y está bien, probablemente sea lo propio o incluso lo exigible a nuestro nivel de desarrollo, lo único cuestionable es que en este estado de cosas en que para cualquier incidente menor se aplican protocolos preestablecidos, se convocan comités de crisis y ruedas de prensa, se nos trate de convencer de que la decisión que ha originado una de las mayores crisis diplomáticas a las que se ha enfrentado este gobierno haya sido tomada por un guardia de frontera en su garita del aeropuerto, máxime cuando la autorización, como ha contado la propia Aminetou, llegó vía telefónica al piloto del avión antes de salir de Marruecos. Difícil de creer especialmente si tenemos en cuenta que el funcionario de guardia en el momento del frustrado despegue del avión medicalizado que había de trasladar a Aminetou Haidar a su casa se negó a permitir la entrada desde la zona internacional enfrentándose incluso a la Delegada del Gobierno por ilegalidad que suponía franquearle el paso a una persona indocumentada aun en esa segunda oportunidad y hubo de ser relevado del servicio por su superior jerárquico para que pudiera retornarse a la situación anterior al vuelo de farol. El beneficio de la duda es algo fantástico, especialmente para quien no tiene mucho más donde agarrarse, pero, sinceramente, tampoco llega a tanto.

El mundo ¿al revés?

No sé si recurrir al tópico del mundo al revés es apropiado para entender lo que está ocurriendo estos días porque tal vez es que el mundo ahora sea así y no debamos extrañarnos de que un nutrido grupo de políticos, artistas e intelectuales de izquierdas, muchos de ellos explícitamente republicanos, recurran públicamente al rey para que éste interceda ante su homólogo marroquí para lograr de su "magnanimidad" lo que no se puede esperar de sus inexistentes sentidos de la justicia y del honor, de sus valores democráticos o de sus cosméticas leyes, o tal vez no deba llamarnos la atención que un Nobel de la Paz agradezca su premio con un discurso que, a bote pronto, suena a alegato belicista (en favor de la "guerra justa", eso sí, ¡hasta ahí podíamos llegar!), y tal vez no deba sorprendernos que nuestro gobierno alegue, para justificar su renuencia a la intervención del Jefe del Estado ante Marruecos para desbloquear la situación de Aminatou Haidar, la ausencia de garantías de éxito de su gestión. Terrible argumento para extenderlo a la acción diplomática de nuestro país, algo que obviamente no se pretende, pero más terrible si se nos trata de decir que, en el orden de prioridades del Gobierno, la salvaguarda del prestigio del rey es más importante que el logro de nuestros legítimos objetivos diplomáticos. Para eso tenemos un país, para que el rey quede bien y su prestigio se extienda por el mundo, no para salvaguardar el bien común de los ciudadanos, el cumplimiento de los derechos humanos o los principios democráticos. Todo eso es secundario y su importancia palidece ante la rutilante consecución del objetivo fundamental de nuestra acción diplomática y política: el prestigio del rey a cuyo servicio debemos colocarnos todos. Y de los intereses económicos también, claro.
Conste que esta sarta de sandeces no me indigna por su estúpida condición, sino por su origen. Si provinieran de la Casa Real (que, las cosas como son, ha sabido estar a la altura) uno podría, en cierta medida, comprender la posición de quien lucha por mantener sus propias prerrogativas, pero que vengan de un gobierno democráticamente elegido y que se dice progresista es francamente intolerable.

Ciertas raíces, ciertas vilezas

Que la política exterior de este gobierno es errática es un hecho, pero inferir de ese hecho una cierta responsabilidad del gobierno en el secuestro de los cooperantes españoles en Mauritania, como hizo ayer María Dolores de Cospedal, es de una preocupante inconsistencia intelectual sólo achacable o bien a un poco probable desconocimiento, ya que los secuestrados en ese país son o han sido tanto de nuestro país como de Austria, Suiza, Alemania o Gran Bretaña, o bien a una concepción de la política enraizada en la vileza según la cual todo vale para desgastar al gobierno o para lograr el objetivo particular que corresponda, que es la misma concepción de la política que explicaría determinados movimientos del gobierno encaminados, en un caso bien distinto y sin relación alguna, por más que haya quien lo eche en el mismo saco, a responsabilizar a la víctima (Haidar) por las agresiones e ilegalidades padecidas.
Como lo es, por cierto, tratar de descalificar a quienes defendemos la estricta aplicación de la ley y las garantías del estado de derecho en todos los ámbitos, en el caso que nos ocupa en internet, con supuestas justificaciones de conductas delictivas que ni se recogen en el manifiesto por los derechos fundamentales en internet, ni se defienden por la mayor parte de sus firmantes. No es cierto que los productos culturales sean unos productos de mercado como cualquier otro, son unos bienes que gozan de una especial protección por su importancia para la sociedad que se refleja vía presupuestaria en forma de subvenciones y otras, pero tampoco es cierto que no deban tener un precio. Lo que deben tener es un precio justo y que se pague una sola vez, lo demás, tanto desde un extremo como desde el otro, es pura demagogia.

Desautorizaciones

Si llamativo resulta que un ministro desautorice públicamente a otro, como ocurrió ayer con los de Justicia y Cultura, más lo es que posteriormente el Presidente del Gobierno los desautorice a ambos (y a su grupo parlamentario con el tema de los crucifijos, de propina) . Si tenemos en cuenta, además, que de los tres sólo el segundo, el Ministro Caamaño, habló con cierta lógica al defender que si se produce un cierre de una web con contenidos ilegales sea exclusivamente por orden de un juez, el asunto comienza a ser de frenopático. Porque si indefendible es que una comisión pueda vulnerar los derechos de la generalidad de los ciudadanos supeditando estos a los de un grupo de ellos y sin garantías judiciales, no es menos indefendible que nunca, bajo ningún concepto, se cierre una página con contenidos ilegales. Porque ese grupo de ciudadanos a los que "representan" la SGAE y Cultura tienen unos derechos que no deben priorizarse sobre los de el resto, pero tampoco pueden ignorarse. Lo que es exigible en un estado de derecho es la tutela judicial efectiva, lo que se pretende es que la valoración de si alguien comete un delito por el que se le pueda castigar corresponda a una institución con la suficiente formación e independencia como para hacerlo, en este caso la judicatura, y no a una de las partes afectadas en un conflicto de intereses. Los autores, se ha dicho ya hasta la saciedad, tienen perfecto derecho a vivir de su trabajo y la sociedad debe proteger la creación, pero dentro de parámetros de equidad y justicia. Ni el acceso gratuito a todos los contenidos culturales es un derecho en el actual ordenamiento jurídico (ni parece razonable), ni es de recibo pagar tres o más veces por acceder a él.
La cultura es un valor fundamental a proteger por la sociedad, no así una industria que se niega a adaptarse a los tiempos. Nadie ataca a los artistas, sino que se exige a los intermediarios que se lucran a su costa que adapten su modelo de negocio a las nuevas tecnologías: si Spotify o iTunes pueden, ¿porque las discográficas no?

Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet

Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

El lobo y la Ley (de economía sostenible)

Que al PP no le parezca bien que se retiren los crucifijos de las escuelas públicas era algo lamentablemente esperable, sin embargo empieza a resultar incomprensible el catálogo de propuestas razonables rechazadas de plano simplemente por ser gubernamentales, catálogo que bien podría empezar con el no reconocimiento al proceso electoral de Honduras y terminar con la indignación ante la equiparación de impuestos de los extranjeros de rentas altas (léase futbolistas) con el resto de rentas altas nacionales. Con tanto que viene el lobo se hace difícil verle los dientes a cualquier propuesta (incluso a cualquier apuesta ideológica, que dijo ayer el Presidente) y se corre el riesgo de mirarla con buenos ojos una vez contrastado el rechazo del principal partido de la oposición, de forma que no tengo muy claro si la Ley de Economía Sostenible tiene grandes las orejas, los ojos y los dientes o es en realidad un catálogo de medidas más o menos positivas que desde luego no son la panacea que promete el Gobierno pero que ayudan a caminar en la dirección correcta. La oposición inicial del resto de los grupos, de todos ellos, parece indicar que no es una iniciativa especialmente afortunada y el pomposo aparato propagandístico de que la ha dotado el gobierno hace desconfiar de ella, no obstante no parece descabellado esperar a conocerla más a fondo para valorarla en conjunto.

Sin perdón

Tras mucho pensarlo, guiado por la buena fe y unos vastos conocimientos legales y basado no sólo en el derecho marroquí sino en el "derecho internacional de Marruecos"[sic], el cónsul alauí en Canarias ha encontrado una brillante solución legal para desbloquear la situación de Aminatou Haidar en Lanzarote: debe pedir perdón al Rey y tendrá su pasaporte en media hora. Lo que no especifica este prohombre de las leyes es si debe pedir perdón únicamente por haber escrito "saharaui" en la ficha policial de control de entrada al país o si también debe pedir perdón por haberse dejado expulsar ilegalmente de su territorio, si debe arrepentirse por haber sido detenida y torturada durante cuatro años, por haber permanecido todo ese tiempo atada y con los ojos vendados. No sabemos si el Rey de Marruecos considera que Aminatou debe pedir perdón por haber sobrevivido a sus torturas o si, ya que se pone, debe pedirlo por toda su obviamente aberrante existencia marcada por algo tan inaceptable para sus súbditos como la independencia de criterio y la fidelidad a sus principios. Pero sabemos que debe pedir perdón y con ello, gracias a la magnanimidad real, podrá volver a su casa, a ver a sus hijos, porque ya se sabe que el derecho internacional y los derechos humanos tienen un rango legal menor que la voluntad del Rey o incluso que su estado de ánimo. Ella, guiada por su traidora obcecación que le impide ponderar debidamente la infinita bondad del monarca, con toda seguridad se negará a pedir perdón, pero nosotros, todos los demás, debemos darle las gracias, no por su ridícula y ofensiva oferta, sino por mostrarle al mundo la naturaleza feudal de su reinado, así como su execrable naturaleza moral. Nunca viene mal que a uno le reafirmen en sus convicciones.

Los intereses generales

Si lo que dijo ayer el Defensor del Pueblo en relación a la actuación del Gobierno en el caso de Aminetou Haidar, que éste actuaba bien porque lo hacía en defensa de los intereses del Estado, los cuales no se pueden supeditar a intereses particulares o grupales por legítimos que sean, no sorprendería de haber sido dicho por un miembro del mismo gobierno (no en defensa de los intereses del Estado, sino de los suyos propios) o de algún que otro tertuliano de los que nada ya sorprende, pero que precisamente el defensor del pueblo sea capaz de enarbolar la bandera del todo vale en nombre de los sacrosantos intereses (¿económicos?, ¿geopolíticos?) es un claro síntoma de que algo no va bien. Si a una causa se le reconoce la legitimidad y la justicia, debe ser apoyada, pero digo más, un gobierno que se guía sólo por su particular interpretación de lo que son los intereses del Estado obviando los principios democráticos, legales y éticos que deben guiar siempre y en primer lugar sus acciones, no merece el honor de representar a unos ciudadanos a los que avergüenza y, porqué no decirlo, humilla, porque nosotros, la sociedad civil, sí tenemos principios, sí nos guiamos por ellos y sí somos capaces de supeditar a ellos nuestros intereses particulares. No hablamos de intereses, hablamos de legalidad y de justicia, no hablamos de chapuceras componendas, hablamos de una salida justa que restablezca la legalidad violentada con la colaboración necesaria de nuestro gobierno, no hablamos de salir del paso, hablamos de dar ejemplo y comportarnos como seres humanos decentes. Obviamente, la solución deseada está en el tejado marroquí, pero lo que se puede exigir al gobierno español, toda vez que no puede deshacer lo que ha hecho mal, al menos se posicione alta y claramente del lado de la justicia, que el volumen de la voz de nuestro ministro se eleve por la convicción con que defiende la legalidad y no por la irritación que le produce tener que ocuparse de un problema, y si al vecino le molesta el ruido, que se gestione ese problema con diligencia y eficacia, pero sin dejarse por el camino la dignidad del país.