Inmunidad en ojo ajeno, indignidad en el propio

Ayer saltó la noticia del rechazo del Tribunal Constitucional italiano a la ley que otorgaba inmunidad a Berlusconi (y a los demás altos representantes italianos), de lo cual todos nos alegramos porque en nuestra condición de demócratas de toda la vida no nos resulta aceptable que haya ciudadanos diferentes ante la ley y remueve nuestras pulcras conciencias el hecho de que alguien pueda gozar de inmunidad, en el caso de Berlusconi bien podría hablarse de impunidad, y por tanto mostramos nuestra alegría por el buen funcionamiento de las instituciones democráticas italianas, que no deja de ser una gran noticia. Entonces, pasada la euforia, llega el momento de mirar nuevamente hacia casa y releer, por ejemplo, el artículo 56.3 de la constitución del 78, ése que dice que "la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad", o el 64, que dice que "1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes... 2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden". Es llamativa la capacidad de adaptación de los principios de muchas personas, característica que permite asumir como natural en nuestro país lo que es inaceptable en otros, de los que además se habla con irritante condescendencia, porque la igualdad de los ciudadanos ante la ley no es algo de lo que alegrarse porque permita que Berlusconi sea juzgado o no, sino un principio irrenunciable para todo demócrata y el hecho de que Berlusconi sea más o menos honrado o más o menos simpático o decente que nuestro Jefe del Estado, no implica que lo que no vale para uno deba valer para el otro. Y digo más, la inmunidad de los jefes de Estado y Gobierno y presidentes de las cámaras italianas venía dada por una ley ad hoc presentada por el propio Berlusconi, pero la de nuestro Jefe de Estado la consagra nuestra Constitución, lo cual, a simple vista no indica otra cosa que lo profunda que es la herida de nuestro sistema democrático.

El improbable carné de gobernar por puntos

Cuando leí que el grupo industrial propiedad de Silvio Berlusconi había sido condenado a pagar una multa de 750 millones de euros, pensé que era una lástima que los gestores de la cosa pública no tuvieran un carné por puntos como los conductores, porque con una multa así probablemente habrían logrado los italianos deshacerse de este funesto personaje. Me doy cuenta de que es una tontería, porque de existir semejante carné haría ya mucho tiempo que el primer ministro italiano habría perdido todos los puntos, o diría más, no habría logrado superar el examen de aptitud, pero la metáfora de los puntos como control de calidad de la acción política de los gobernantes inevitablemente conduce a preguntarse por el saldo de éstos que tendrían los nuestros, porque en cuestiones de mala salud democrática tampoco hay que irse tan lejos, el enfermo lo tenemos en casa. El panorama es desolador, a estas alturas me cuesta nombrar algún dirigente de los principales partidos cuyo saldo no esté en números rojos, en consonancia con el resto de números con los que puede relacionárseles, pero sí encuentro diferencias entre las familias, es decir, el desgaste del poder, la toma de decisiones de forma personalista, la mala gestión y la falta de respeto a la ciudadanía hacen perder puntos lenta pero inexorablemente al gobierno, como por otra parte suele suceder y sería hasta cierto punto inevitable aunque se hicieran las cosas bien, cosa que no ocurre, pero la oposición destaca por perderlos allí donde lo lógico sería ganarlos, en la labor de oposición a quien objetivamente no está haciendo las cosas bien. Y sí, el PP gana en las encuestas, pero viendo cómo está el patio la diferencia es tan exigua que a duras penas pueden ser consideradas satisfactorias ni por el más forofo y visceral de sus militantes. Y eso presuntas corrupciones aparte, cuya luz pública tampoco saben gestionar. Son muchos los ejemplos de actuaciones que deberían conllevar retirada de puntos, muchos de los cuales, como las vergonzantes declaraciones en relación al secuestro del atunero Alakrana, además de ofender profundamente a la inteligencia debieran conllevar no sólo pérdida de puntos, sino retirada directa de la licencia, pero afortunadamente para unos y otros, no existe semejante regulación de la actividad política y por ello pueden continuar con sus labores de Gobierno y Oposición pese a las constantes muestras de inepcia, temeridad e irresponsabilidad con que trufan su actividad. Cambiemos el sentido del símil e imaginemos por un momento un conductor que conduce como Zapatero gobierna o como Rajoy hace oposición y preguntémonos si es razonable que continúe circulando cada día con el peligro que supone para la seguridad de los demás conductores y viandantes su incapacidad manifiesta. Nadie lo toleraría y, sin embargo, en algo más delicado, más importante y con más influencia en la vida de los ciudadanos, no sólo no se castiga la ineptitud sino que, encuestas en mano, parece que se premia. Por inconcebible que parezca, hay que concluir una vez más que tenemos lo que merecemos.
Phillip K. Dick se preguntaba en el título de la novela que inspiró a Ridley Scott la película Blade Runner si sueñan los androides con ovejas eléctricas. Yo, más humildemente, me pregunto sencillamente si soñamos los españoles con buenos dirigentes, eficaces, honrados, brillantes, o bien nos conformamos con las medianías que padecemos que parecen considerar que gobernar es erigir constantemente monumentos a su propia mediocridad. Y me respondo que no, porque la realidad no me permite encontrar otra respuesta, pero yo, como muchas otras personas, sí que lo sueño y no pierdo la esperanza de que los sueños sean contagiosos.

La pensión y la condena

La pensión que el directivo del BBVA Goirigolzarri probablemente sea la única noticia aparecida en prensa últimamente sobre la que ha habido una contundente unanimidad entre la clase política, y lógicamente la ha habido en rechazarla, pero en ese panorama más bien contundente de rechazo me llama la atención la virulenta reacción de esa peligrosa izquierdista radical que es nuestra Ministra de Economía, quien no ha tenido nada más taxativo que decir sobre el tema que es "decisión de los accionistas", con lo que tanto el BBVA como el propio Goirigolzarri han sufrido un terrible ataque de pánico que les ha llevado a reconsiderar su decisión, lo que sin duda harán público en fechas próximas. Añadió, por si quedaba alguna duda de su contundente rechazo, que habría alguna consideración ética que hacer al respecto y que ya nos imaginábamos la opinión del gobierno. Lo que no explicó es porqué debíamos imaginar su rechazo en lugar de escucharlo de su boca, como se espera de los políticos y en lo que suelen pecar más del exceso que del defecto, y francamente, me pregunto si en otros temas que en lugar de a una entidad como el banco en cuestión y una fortuna como la del jubilado afecten a los ciudadanos, la ministra mostrará esta misma moderación, contención verbal y ánimo zen en la condena, de hecho habría sido deseable que se tomara un momento de sosiego y reflexión semejantes antes de decidir una subida de dos puntos en el IVA, por ejemplo.
Más destacable es, sin embargo, la condena del ministro Blanco, éste más aficionado al exceso verbal que su compañera de gabinete, quien no se ha limitado a expresar su contundente rechazo moral, sino que ha añadido a su condena su opinión sobre la fiscalidad de estas prebendas, que según él, y lo comparto, deberían gravarse con una fiscalidad especial (y más alta, se entiende). La lástima es que esta mañana, gracias a la Hemeroteca Justiciera de Santiago González, hayamos sabido que este gobierno bajó la fiscalidad de estas rentas hace diez meses del 43 al 18%, es decir, que gracias a la mano dura de este gobierno, azote de los poderosos, con las rentas altas el estado dejará de ingresar unos 13 millones de euros de los 54 que cobrará el señor Goirigolzarri, que no es que gracias a ellos hubiéramos salido de la crisis pero desde luego es una cantidad nada despreciable con la que se podrían hacer infinidad de cosas, como por ejemplo no tener que despedir a los 400 investigadores biomédicos cuya situación se denuncia hoy en una carta abierta al Presidente, por no hablar de las pymes o los empleos que se podrían salvar con ellos, tal vez una gota en el océano, de acuerdo, pero una gota que calmaría la sed de muchas familias. Mi única duda es si el ministro Blanco nos ha tomado el pelo por desconocimiento o con hipocresía, pero ninguna de las opciones hace más tolerable su intervención.